Nueva ley española de acceso digital a servicios públicos

Estos últimos días en mi trabajo me ha tocado escuchar varias noticias relacionadas con la posición de Chile dentro de los rankings internacionales sobre Gobierno Electrónico, Acceso a la Red y otros (por ejemplo, ver artículo sobre ránking CCS). A pesar de que me carga ser autocomplaciente y soy más bien escéptico respecto a lo que realmente se quiere decir con estas noticias, de todas maneras frente a la noticia que comento hoy me di cuenta del avance real chileno en ciertos aspectos muy específicos.

Ayer lunes 25 de junio entró en vigor la nueva ley de acceso electrónico para los ciudadanos españoles. Esto quiere decir en esencia que todos los organismos de la administración pública central española tienen hasta el 2009 para implementar sus "trámites" de manera electrónica, y las administraciones locales y autónomas (hay un montón en España), tienen hasta el 2012.

Esto es notable porque en Chile ya teníamos este antecedente desde el año 2004: es el Decreto Supremo N°81/2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Es cierto que en nuestro caso no se trata de una ley, y no se obliga a los Organismos Públicos a implementar todos sus trámites a través de medios digitales, pero sí se establece la obligación de:

1. Utilizar XML como lenguaje de intercambio de información entre Organismos Públicos,
2. Implementar gradualmente este estándar hasta el 2011 (momento en el cual todas las instituciones deben utilizar XML para generar, procesar y almacenar sus documentos).

Al final del artículo de consumer.es, se menciona una de las polémicas que surgen a partir de la ley: el si se usarán estándares abiertos o no para entregar servicios a los ciudadanos finales. Finalmente, se llega a la misma conclusión a la que se llegó en Chile a partir de un Instructivo Presidencial de comienzos del período del presidente Ricardo Lagos (Instructivo Presidencial N°5, del 11 de mayo de 2001): que en la comunicación con los ciudadanos no se puede discriminar obligando a utilizar ciertas tecnologías propietarias específicas; por tanto, todos los Servicios Públicos chilenos deben utilizar estándares abiertos en la implementación de proyectos de gobierno electrónico.

Independientemente de lo anterior, todavía hay un montón de trabajo pendiente. Así que, como decimos en Chile, los computines en el gobierno tenemos pega para rato.